Actualmente la comuna, posee dos subsidios de transporte terrestre, los cuales favorecen a los sectores de Menetue y el otro a Candelaria – Los Riscos. Sin embargo, la actual administración Municipal, encabezada por la alcaldesa Edita Mansilla, autoridad que en sus visitas a terreno, recogió las inquietudes de la comunidad, y postuló a nuevos servicios subsidiados.

El encargado regional de subsidios de la Seremi de Transporte, Rodrigo Vallete, indicó que actualmente la comuna de Pucón, se estaría adjudicando tres nuevos subsidios, por lo que visitaron estos lugares a fin de establecer la factibilidad de los servicios.

Los nuevos servicios de transporte, tienen la particularidad de contar con uno que se realizaría vía lacustre, por las aguas del lago Caburgua. Los otros dos sectores serían, Pucón – Quetroleufu y el otro es Carileufu – Quelhue.

Para ver los puntos específicos del recorrido a través del lago Caburgua, personal de la Seremi de Transportes, encabezado por Vallete, en compañía de Axel Brinck, director municipal de tránsito, realizaron la geo – referencia, de los puntos por donde se trazará el recorrido.

Para la alcaldesa Edita Mansilla, la concreción de estos tres nuevos recorridos, viene a confirmar la buena gestión que se ha hecho en materia de subsidios de transporte, los que se han incrementado durante la actual gestión municipal. La edil puntualizó, que estos subsidios, vienen a solucionar los problemas de conectividad de algunos puntos de la comuna, y de paso permiten desarrollar de mejor forma los sectores rurales de Pucón

En total, 94% de los habitantes de Constitución que participaron en la consulta ciudadana que desarrolló el Plan Maestro para la Reconstrucción Sustentable de Constitución (PRES) se pronunció a favor de desarrollar el proyecto Parque Fluvial Maule. Asimismo, entre las intervenciones y/o construcciones de edificios y espacios públicos emblemáticos eligieron priorizar los proyectos Cuartel de Bomberos, Terminal de Buses, Teatro Municipal, Zócalo Turístico y Puente Peatonal a Isla Orrego.

Las 4.120 personas que sufragaron se acercaron hasta la Casa Abierta del PRES para expresar su opinión, o bien, aprovecharon el recorrido que efectuó la mesa y urna de votación por distintos sectores de la ciudad, durante más de una semana.

El proyecto Parque Fluvial Maule permitirá disminuir drásticamente la ocurrencia de inundaciones. Frente a un maremoto, reduciría entre 23% y 28% la altura de inundación y entre 34% y 41% la velocidad de la ola. Además, de la habilitación de 20,5 hectáreas de parque, se permitirían construcciones livianas sobre los primeros pisos sólidos en el borde parque.

“Este ha sido un ejercicio de participación ciudadana que le da fuerza al proyecto de Plan Maestro que estamos desarrollando para reconstruir Constitución con la participación de todos los vecinos que han querido y querrán involucrarse en el futuro en esta iniciativa que busca beneficiarlos, en primer lugar, a ellos; y, en segundo lugar, a todos los que queremos que esta ciudad reviva de la tragedia que le dejó el terremoto y tsunami del 27 de febrero”, señaló Marcelo Tokman, director ejecutivo del PRES-Constitución.

PROYECTOS PRIORIZADOS

Respecto de los diez proyectos de edificios y espacios públicos emblemáticos, la iniciativa de construir un nuevo Cuartel de Bomberos concitó la primera mayoría con 2.153 votos; en segundo lugar se ubicó el proyecto Terminal de Buses, con 1.961 sufragios; en tercera posición, el Teatro Municipal con 1.647 preferencias; en cuarto lugar, el Zócalo Turístico con 1.305 votos y, en quinto lugar, el Puente Peatonal a la Isla Orrego, con 1.123 adhesiones.

Estos cinco proyectos que concentran la más alta votación de los vecinos de Constitución tendrán un desarrollo más acabado en la propuesta del Plan Maestro de Reconstrucción Sustentable de Constitución que se entregará a inicios de julio.

La votación alcanzada por los otros cinco proyectos fue la siguiente: Muelle Turístico (996 votos); Piscina Temperada y Canchas de Fútbol (994); Pavimentación Centro Cívico y Plaza de Armas (976); Mercado Fluvial (919) y Piscinas Pleamar (642).

El Plan Maestro de Reconstrucción Sustentable, PRES Constitución, será una propuesta para orientar la reconstrucción de Constitución con una visión de futuro. Se trata de un modelo único en Chile que representa una oportunidad concreta para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y para poner en práctica una nueva forma de pensar la ciudad.

Su diseño y desarrollo está a cargo de un consorcio que nació a raíz de los efectos del terremoto y maremoto que asoló a la zona centro-sur de Chile el 27 de febrero pasado. Este consorcio se concretó el 31 de marzo bajo la modalidad de una alianza público-privada integrada por la Ilustre Municipalidad de Constitución, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y la empresa Arauco. El consorcio encargó la elaboración del Plan a expertos de la oficina de arquitectura Elemental, la firma de ingeniería y desarrollo urbano ARUP, la Universidad de Talca, Fundación Chile y a Santelices Asociados en alianza con Marketek.

Para lograr su sustentabilidad, los pilares de esta iniciativa son la EXCELENCIA y CALIDAD; la PARTICIPACIÓN CIUDADANA como un elemento imprescindible en el diseño de la futura ciudad y la VIABILIDAD técnica, social y política de las propuestas.

Fuente: www.maulee.cl

Año 2008

Lo Prado

Zapata

Troncal Sur

La declaración fue ingresada por el Ministerio de Obras Públicas al Sistema de Impacto Ambiental, en forma voluntaria durante septiembre de 2009. Luis Cobo, Seremi del MOP, expresó que estamos muy contentos con la aprobación, ahora nos dedicaremos a seguir adelante con el proceso de licitación para sacar adelante el proyecto.

Es importante mencionar que la aprobación de la declaración era un paso importante para materializar la Concesión Ruta 5 La Serena?Vallenar. En tanto el proceso de licitación continúa su curso, y se espera que durante el segundo semestre de este año se pueda adjudicar el proyecto.

El proyecto incluye la implementación de un sistema de dobles calzadas de dos pistas por sentido a lo largo de todo su trazado usando un perfil con mediana restringida en los sectores urbanos y topográficamente complejos (zona de cuestas).

Se realizará un mejoramiento de la calzada existente rectificando algunos tramos restrictivos, se hará una recuperación de los pavimentos existentes, desniveles en las principales localidades que atraviesa la Ruta, ampliación de las bermas, incorporación de elementos de seguridad vial, pasarelas peatonales, paraderos de buses al costado de la Ruta, retornos cada 7-10 km, saneamiento de la Ruta, iluminación en sectores puntuales, teléfonos de emergencia, servicios en la ruta como camión grúa y asistencia técnica.

En una columna publicada el jueves 3 de junio en El Mercurio, Fernando Echeverría, intendente metropolitano, plantea la necesidad de que el Consejo Regional (CORE), entidad colegiada que él preside, apruebe una nueva expansión urbana promovida por el gobierno anterior, con lo cual se dispondría, según sus promotores, de los terrenos necesarios para absorber el crecimiento de esta megalópolis compuesta por 52 comunas. Plantea Echeverría que en los próximos 20 años la población de la capital crecerá en un millón 600 mil habitantes, cifra que naturalmente no ponemos en duda.

Ahora bien, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), vigente desde 1994, instrumento normativo que se origina en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, consciente de que la cuenca de Santiago está saturada y en conocimiento del encierro geográfico y falta de vientos e inversión térmica en los meses de otoño e invierno -situaciones inmodificables-, promovió un crecimiento hacia adentro, para reducir el uso de vehículos motorizados, fuentes móviles que generan altos niveles de contaminación atmosférica y en tal sentido impulsó el aumento de la densidad habitacional. En octubre de 2006 se incorporaron al PRMS las provincias de Talagante y Melipilla, y las comunas de Buin y Paine, regulándose así toda la superficie de la región.

A pesar de lo anterior, en 1997 se modifica el PRMS permitiendo el cambio de uso de suelo de miles de hectáreas rurales localizadas en la provincia de Chacabuco. De esta manera se originaron las Zonas con Desarrollo Urbano Condicionado (Zoduc), fórmula que exigía a los titulares de los predios transformados en urbanos asumir los costos del crecimiento. Así, se informaba a la opinión pública, se generarían núcleos urbanos con los necesarios equipamientos para mantenerse desconectados de la ciudad de Santiago, produciendo la integración social, pues debían considerarse dentro de los proyectos altos porcentajes de viviendas para sectores vulnerables. Nada de ello aconteció y hasta hoy, según noticia publicada el jueves 3 de junio, existe un conflicto entre el MOP y varias inmobiliarias por las millonarias obras de aguas lluvia en Chicureo. Quienes deben asumir ese costo son los titulares de los proyectos, pero desean cargarle la mano al Estado.

En mayo de 1998 se publica en el Diario Oficial el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), a raíz de la pésima calidad del aire que ya teníamos en aquella época y que se mantiene. Esta reglamentación es obligatoria acorde con lo establecido en la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente y también fijaba una limitación a la expansión urbana. Por presiones sectoriales se derogó en 2001 la medida que impedía modificar los usos de suelo de los terrenos agrícolas y de valor natural.

En 2003, a través de una polémica aprobación del gobierno regional, se autorizaron los Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en 90 mil hectáreas rurales de 11 comunas periféricas. Para ello se dictó el nuevo artículo 8.3.2.4 del PRMS que bien cautela el interés común. Así, en el año 2005 se presentaron a tramitación tres PDUC en 2 mil 500 hectáreas en la comuna de Pudahuel. Sus voceros informaban que sus inversiones alcanzan los 3 mil millones de dólares, y por incapacidades públicas y privadas para hacer bien las cosas aún no son aprobados por la Contraloría General de la República, a pesar de que ya estaban autorizados por la dócil Corema y por el CORE.

Nuestra fundación, celosa guardiana del orden público en materia de vivienda, medio ambiente y urbanismo, denunció oportunamente en el ente fiscalizador una serie de irregularidades detectadas en el proceso administrativo de estos tres mega negocios inmobiliarios.

Como vemos, las Zoduc después de 13 años se han desarrollado mínimamente, según el reportaje del 3 de junio en El Mercurio, y los PDUC después de siete años todavía no inician sus obras. Sabemos que estos últimos se originaron para enmendar los errores normativos cometidos con las primeras; el principio que sustentaba su existencia era la exigente y responsable política urbana contemplada paso a paso en cada una de las condiciones y fundamentalmente en las medidas de compensación, mitigación o reparación contenidas en el artículo 8.3.2.4. del PRMS.

Por el contrario, la nueva expansión en 10.000 hectáreas que comenta Echeverría carece de la rigurosidad impuesta a los PDUC, requerimiento que garantiza la ejecución de todas las obras necesarias para asegurar el bien colectivo de la ciudad. Por ello consideramos que la autoridad debe enmarcase en la normativa vigente para dar paso al crecimiento urbano en esta metrópolis, asunto que le hicimos notar el jueves 3 en el Minvu a Pablo Allard, asesor de la ministra Magdalena Matte.

Comprendemos que Echeverría, quien se mantendrá en su cargo por poco tiempo, tal como lo anunció públicamente, quiera seguir expandiendo la ciudad, ya que él es un distinguido actor inmobiliario, pero debemos tener presente que los nuevos cambios de uso de suelo en trámite han sido solicitados por los propios interesados, procedimiento asaz impugnable, lo que se debería unir al complejo escenario existente con los acuíferos. Como somos regionalistas de verdad y queremos un desarrollo equilibrado en el país, entendiendo que los terrenos agrícolas hay que cuidarlos, le proponemos al gobierno que se rechace o bien se congele esta tramitación, debido a que, tal como lo dijimos, tenemos abundantes terrenos rurales para seguir creciendo.

Tal como el gobierno está revisando la antojadiza clausura del aeropuerto Los Cerrillos, somos partidarios de que esta nueva e innecesaria expansión urbana también sea analizada por el Minvu.

La torre Capital Gate, en Abu Dhabi, acaba de ser reconocida como el edificio más inclinado del mundo por el Guinness de los Récords. El rascacielos de 160 metros de alto y 35 pisos aún está en construcción, pero ya destronó a la Torre de Pisa.

Se prevé que las obras de la torre de la capital de los Emiratos Árabes Unidos estén terminadas a finales de 2010. La torre Capital Gate es parte de un complejo de exposiciones y albergará en su interior un hotel de cinco estrellas y oficinas.

Los arquitectos de la torre Capital Gate, construida por la Abu Dhabi National Exhibitions Company, buscaron intencionadamente que fuera inclinada a partir del piso 12. La inclinación es de 18 grados, es decir, más de 4 veces el ángulo que ostenta la Torre de Pisa en Italia.

Además, la Torre de Pisa -de 55,7 metros de alto- no era inclinada originalmente: su inclinación se debe a que fue construida sobre un terreno que no es suficientemente sólido. La torre italiana, que es el campanario de la catedral de Pisa, se construyó para que permaneciera en posición vertical, pero comenzó a ladearse ni bien se inició su construcción en agosto de 1173.

Su edificación se realizó en tres etapas a lo largo de 200 años: en 1298 se midió una desviación de la plomada de 1,43 metros, y en 1360 esta cifra ya había aumentado a 1,63 metros. En 1817 la inclinación de la Torre de Pisa era de 3,80 metros y en 1993, de 4,47 metros. Tras las obras de conservación, la inclinación retrocedió a los 4,10 metros en 2001 y de ahí a los actuales 3,99 metros. Los expertos aseguran que su situación es “estable” y que no hay riesgo de derrumbe. De hecho, en 2001 se volvió a permitir el acceso del público a la torre.

Nadie le quitará a Pisa su fama, pero el récord lo perdió

Hace pocos minutos en el Puente Juan Pablo II estuvo la intendenta, Jacqueline van Rysselberghe junto al ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, el seremi de la cartera, y el alcalde San Pedro de la Paz, Audito Retamal; quienes firmaron el acuerdo para dar inicio de las obras de reparación del puente y sus accesos.

Las obras estarán a cargo de dos empresas que se adjudicaron los trabajos, Salfa y Edeco. La inversión total es cercana a los 5 mil millones de pesos y sus resultados deberían ver la luz en 5 meses, cuado el viaducto esté habilitado para el tránsito de vehículos livianos.

Una vez que los trabajos sobre el puente Juan Pablo II estén terminados se realizarán mediciones que permitan determinar cuál es el peso de los vehículos que pueden transitar sobre él.

En la oportunidad, la intendenta de la Región del Bio Bío afirmó que “a fin de año podríamos decir que no estaremos bien completamente, pero si recuperados y mucho mejor”.

El Inspector Fiscal de las obras, Alejandro Brito Cornejo, en conjunto con el jefe del departamento de Proyectos de la Dirección de Vialidad Atacama, Christian Farías, se reunieron en terreno con los representantes de la empresa TAFCA a fin de realizar la entrega de trazado de dicho proyecto, el que en el mes de marzo fue adjudicado a la mencionada empresa y que ya cumplió con los requisitos administrativos correspondientes para dar inicio a los trabajos de reposición, que tienen un plazo de 300 días para ejecutarse y serán una importante plaza de trabajo para mano de obra local.

Dicho sector se encontraba con restricción de tránsito como consecuencia de una falla en el paso superior de ferrocarriles La Calavera oriente, debido a los daños ocasionados por el terremoto.

La reparación del puente o paso superior, obligó durante estos meses, a implementar un desvío, por lo que sólo era posible utilizar uno de los túneles, hecho que causaba congestión especialmente en períodos de mayor circulación o también cuando se producían accidentes en la ruta.

Los trabajos consideraron un apuntalamiento del puente sobre la línea férrea, permitiendo el paso de automóviles, camiones y buses. Sólo hay restricciones de velocidad, por lo que sólo se puede circulación a un promedio de 50 kilómetros por hora.